Diputados Jaime Cantón y Michel Sánchez proponen eliminar delito de “riesgo de contagio” sin definir mecanismos legales alternativos
Por: Alejandro Cárdenas | Fuerte Noticias
Mexicali, Baja California.— Los diputados Jaime Cantón y Michel Sánchez presentaron una iniciativa en el Congreso local para eliminar del Código Penal de Baja California el artículo que tipifica el delito de “riesgo de contagio”. Esta medida ha encendido el debate público y jurídico debido a que no contempla mecanismos legales alternativos que atiendan casos de transmisión deliberada de enfermedades.
Actualmente, dicho artículo establece penas que van de 1 a 9 años de prisión, dependiendo de la gravedad, para quienes, sabiendo que padecen una enfermedad transmisible en periodo infeccioso, pongan en riesgo la salud de otra persona. Los legisladores justifican la iniciativa argumentando que esta figura penal es discriminatoria y estigmatiza a ciertos grupos sociales. Sin embargo, especialistas en salud pública y derecho penal han señalado que una reforma de este tipo requiere cautela y un andamiaje legal complementario para evitar escenarios de impunidad.
Riesgo de vacíos legales y sanitarios
Expertos en derecho penal han advertido que derogar un tipo penal sin establecer una ruta alternativa clara podría dejar sin sanción conductas dolosas, como casos en los que una persona actúa con plena intención de transmitir una enfermedad.
En otras entidades federativas, como la Ciudad de México, donde se eliminó un delito similar en 2022, el cambio fue acompañado de ajustes en otras normativas y vías legales. Según datos del Congreso de la Ciudad de México, la eliminación vino acompañada de fortalecimiento de rutas civiles y administrativas para garantizar la protección de posibles víctimas.
Además, la Secretaría de Salud y organismos internacionales como ONUSIDA han recomendado que reformas de este tipo deben integrarse con políticas públicas robustas, incluyendo campañas de prevención, acceso a tratamientos y educación sexual integral, evitando con ello generar vacíos legales y sanitarios que puedan ser aprovechados de manera irresponsable.
Falta de confianza en los impulsores
La propuesta se presenta en un contexto político delicado para ambos diputados. En redes sociales, las iniciativas de Cantón y Sánchez suelen generar respuestas negativas y desconfianza de la ciudadanía.
Un seguimiento a sus publicaciones en plataformas como Facebook muestra que muchas de sus acciones legislativas son cuestionadas por no traducirse en resultados visibles o de impacto real para la población. Este desgaste público cobra relevancia al tratarse de un tema sensible como la salud pública y la justicia penal, que exige precisión técnica y legitimidad política.
Necesidad de una reforma integral
Juristas y especialistas en salud coinciden en que no basta con eliminar una figura penal, sino que deben diseñarse mecanismos equilibrados que protejan tanto los derechos de las personas que viven con enfermedades transmisibles como la seguridad sanitaria de la población.
Un análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte que la eliminación de delitos sin rutas legales alternas puede abrir vacíos normativos que complican la procuración de justicia. La recomendación de organismos nacionales e internacionales es establecer vías civiles y administrativas que permitan sancionar conductas dolosas y fortalecer simultáneamente las estrategias de prevención.
Expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas señalan que este tipo de reformas deben construirse con base en criterios técnicos y sanitarios, y no solo desde una lógica política o de posicionamiento mediático, para evitar que se conviertan en simples gestos sin impacto real.
Un debate que apenas inicia
La iniciativa de los diputados Cantón y Sánchez será discutida en comisiones antes de su votación en el pleno. No obstante, la falta de claridad sobre qué mecanismos sustituirían al actual tipo penal plantea un debate profundo que involucra tanto la protección de derechos humanos como la seguridad sanitaria.
La salud pública según advierten organismos nacionales e internacionales no puede sostenerse únicamente en declaraciones legislativas. Requiere acciones estructurales que garanticen la no discriminación, pero también la responsabilidad jurídica frente a conductas dolosas.
En un escenario donde la credibilidad de los impulsores de esta propuesta es cuestionada por amplios sectores ciudadanos, esta discusión exigirá un debate transparente, con sustento técnico y legal, evitando que la eliminación de un tipo penal se convierta en un simple acto político carente de resultados concretos.
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