Cuñado y esposo de la gobernadora, con propiedades millonarias: adquiere residencia valuada en 22 millones por menos de un millón de pesos, y el caso levanta preguntas a nivel nacional

Por: Alejandro Cárdenas l Fuerte Noticias

Tijuana, Baja California. — En octubre de 2023, Luis Alfonso Torres Torres, exfuncionario público y cuñado de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, adquirió una lujosa residencia con vista al mar en el exclusivo fraccionamiento Estancias II, ubicado sobre la carretera Tijuana–Rosarito. El inmueble, con características de alto valor inmobiliario y considerado uno de los más codiciados de la zona, está valuado en más de 22 millones de pesos. Sin embargo, según registros oficiales, Torres lo compró por apenas 48 mil 450 dólares, equivalentes a aproximadamente 872 mil pesos.

El caso, que cobró relevancia nacional tras ser difundido por el portal Pie de Nota con base en una investigación del Semanario Z de Tijuana, ha provocado un intenso debate público sobre cómo es posible realizar operaciones con diferencias tan drásticas entre el valor de mercado y el precio pagado, especialmente cuando el comprador es parte del círculo cercano al poder estatal.

Una operación legal, pero rodeada de cuestionamientos

Es importante subrayar que, en términos legales, la transacción es válida: la compraventa fue registrada ante el Registro Público de la Propiedad, cuenta con documentos oficiales y no existe, hasta ahora, ninguna acusación formal por irregularidades. Sin embargo, la brecha entre el valor comercial del inmueble y el monto de adquisición una diferencia superior al 90 % ha generado sospechas legítimas en la opinión pública y en el ámbito político.

La principal interrogante gira en torno a si el acceso a información privilegiada, las conexiones políticas o el simple hecho de formar parte del círculo de poder permiten obtener ventajas que están fuera del alcance de la mayoría de los ciudadanos. Y aunque la compraventa es legal, la pregunta que ha permeado en el debate público es inevitable: ¿cuántos mexicanos podrían acceder a un inmueble de más de 20 millones de pesos pagando menos de un millón?

El contexto detrás de la “ganga”

Según lo difundido por Pie de Nota con información obtenida del Semanario Z, la propiedad en Estancias II fue adquirida en “rebeldía” tras un conflicto legal con una institución bancaria. Aun así, expertos inmobiliarios consultados por dicho medio señalan que el precio pagado sigue siendo extraordinariamente bajo. En esa zona, las propiedades con características similares alcanzan precios de hasta 850 mil dólares (alrededor de 15.3 millones de pesos) y, dependiendo de la ubicación, pueden superar los 22 millones.

La diferencia de precios ha sido calificada por especialistas como “anormal” y “fuera del rango de mercado”, lo que refuerza la necesidad de transparentar las condiciones en las que se llevó a cabo la operación y si existieron elementos externos que facilitaron el proceso.

Más propiedades, el mismo patrón

Este no es el único caso en el que Torres ha adquirido bienes a precios considerablemente menores a su valor real. De acuerdo con la misma investigación, en Ensenada compró un terreno de más de 40 mil metros cuadrados valuado en hasta 18 millones de pesos por 2.8 millones, mientras que en Tecate adquirió un predio de más de 13 mil metros cuadrados con un valor estimado de 47 millones por solo 400 mil pesos.

Incluso existe el antecedente de otra propiedad registrada a su nombre en 2017 en el fraccionamiento Puerta de Hierro, la cual también fue adquirida por 400 mil pesos pese a que inmuebles con dimensiones similares en esa zona alcanzan valores superiores a los 22 millones. Todos estos casos, aunque legalmente válidos, refuerzan la percepción de que existe un patrón de adquisiciones ventajosas alrededor de quien ha estado vinculado directamente con la administración estatal.

Señalamientos que alcanzan al círculo político

No solo Torres ha sido señalado por este tipo de operaciones. También se menciona que Carlos Torres, esposo de la gobernadora, posee diversas propiedades millonarias, lo que ha llevado a que el debate ciudadano se extienda más allá de un solo caso. Nadie cuestiona que estas operaciones sean legales; el cuestionamiento surge de la diferencia abismal entre el valor real y el monto pagado, así como del contexto político en el que se realizan. Las dudas que persisten son inevitables: ¿qué factores permiten acceder a estas oportunidades inmobiliarias? ¿Es necesario tener un cargo público o ser parte del círculo cercano al poder para conseguirlo?

El papel político y las dudas que persisten

Además de las compras inmobiliarias, empresarios locales han denunciado de forma anónima que Luis Torres habría operado como “cabildero informal” del gobierno estatal desde el inicio de la actual administración. En lugar de reunirse con funcionarios o secretarios, varios inversionistas aseguran que era el cuñado de la gobernadora quien los recibía y planteaba condiciones para la autorización de permisos o proyectos.

Aunque estas versiones no han derivado en investigaciones oficiales, refuerzan el debate sobre si las conexiones personales y políticas influyen en decisiones que deberían ser exclusivamente institucionales.

Un tema que trasciende el ámbito local

El caso no ha quedado en el terreno de la anécdota. El contraste entre el valor de mercado y el precio pagado, sumado a las múltiples adquisiciones con características similares, ha impulsado la discusión a nivel nacional. La pregunta central es si estas operaciones legales en el papel son éticamente aceptables en el contexto del servicio público y si reflejan una práctica más común de lo que la ciudadanía imagina.

Todo esto ocurre en un momento en el que la administración de Marina del Pilar enfrenta otros cuestionamientos, como el retiro de su visa por parte del gobierno de Estados Unidos y su inclusión en listas de sanciones internacionales, lo que aumenta el escrutinio sobre el uso del poder y la transparencia en Baja California.

Conclusión: legal, pero con muchas preguntas abiertas

En última instancia, nadie ha señalado que se haya cometido un delito. La compraventa de la propiedad en Estancias II cumple con los requisitos legales. Sin embargo, el caso ha dejado más preguntas que respuestas: ¿cómo se accede a oportunidades inmobiliarias tan excepcionales?, ¿es el peso de las relaciones personales un factor determinante?, ¿y cuántas de estas operaciones se repiten sin ser detectadas?

Más allá de su legalidad, el caso representa una ventana al debate sobre ética pública, transparencia y privilegio, temas que hoy están en el centro de la conversación política no solo en Baja California, sino en todo el país.