Retirarán a 43 agentes de la Estatal asignados a empresarios en Baja California para reforzar labores de seguridad ciudadana

A partir del 1 de agosto, un total de 43 elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad que actualmente están asignados a la protección de empresarios serán retirados de estas labores para reincorporarse a tareas de seguridad ciudadana, informó el secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California, general Leopoldo Tizoc Laureano Carrillo, durante la conferencia matutina de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

De acuerdo con el titular de la dependencia, actualmente hay 120 agentes estatales destinados a tres rubros: seguridad privada a empresarios, protección a funcionarios públicos y resguardo de personas con mandamientos judiciales.

“El primero es la seguridad a empresarios que pagan por un servicio; ahí tenemos a 43 agentes que a partir del 1 de agosto serán retirados para incorporarse a tareas operativas”, señaló el general. Esta decisión responde a la reciente reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, específicamente al artículo 34, que establece nuevas disposiciones para el uso de armamento en funciones de seguridad privada.

Sobre la segunda categoría, la protección a funcionarios públicos, el general Carrillo indicó que se está llevando a cabo un proceso de análisis de riesgo individual para reevaluar si es necesario que dichos funcionarios continúen bajo resguardo.

“Hay funcionarios que por sus actividades no representan un riesgo, por lo que estamos haciendo estas revisiones para optimizar el recurso humano”, explicó. No obstante, subrayó que la seguridad de la gobernadora está plenamente garantizada, aunque evitó especificar cuántos agentes están destinados a su protección.

Respecto al tercer grupo, el general detalló que se trata de agentes que brindan seguridad a personas con mandatos judiciales, lo cual obedece a disposiciones específicas emitidas por autoridades del sistema de justicia.

Con esta reestructuración, el gobierno estatal busca fortalecer la seguridad pública con una mejor distribución del personal operativo, en un contexto de alta demanda en labores de vigilancia y patrullaje en distintas zonas del estado.