Incendio en despacho de exfiscal y hermano de alcaldesa enciende alertas en Rosarito y Tijuana

TIJUANA, B.C. — El fuego no sólo consumió tres vehículos la tarde de este lunes en la Zona Río de Tijuana. También encendió cuestionamientos en torno a un grupo de personajes que han transitado entre el poder político, la procuración de justicia y el litigio privado con una cercanía difícil de ignorar.

El incendio, provocado presuntamente con gasolina, se registró en el área de estacionamiento del despacho “Alest Abogados”, propiedad de Enrique Adame, hermano de la alcaldesa de Rosarito, Rocío Adame (Morena), y de Hiram Sánchez, exfiscal central de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE). Aunque el fuego no alcanzó el interior del inmueble, los daños a tres automóviles fueron totales.

Lo que llama la atención no es únicamente el acto en sí, sino quiénes forman parte del círculo alrededor de este bufete: además de los ya mencionados, el despacho incluye como socio a Humberto Velázquez y a Jorge Álvarez, ex subprocurador de Justicia de Tijuana, quien también trabajó bajo la gestión del exfiscal estatal Guillermo “Titi” Ruiz. Este último incluso acudió al lugar del siniestro, cuyo despacho se encuentra a escasos metros de distancia y en el que también colabora Hiram Sánchez.

La escena, por tanto, reúne a una serie de figuras que durante años estuvieron al frente del aparato de justicia en Baja California y que ahora operan en el sector privado, bajo una bandera legal aparentemente intocable, pero no exenta de suspicacias.

El subdirector de Bomberos de Tijuana, Pedro Perfecto Lugo, informó que la emergencia fue reportada al 911 alrededor de las 5:00 p.m. y atendida por 15 elementos. Gracias a su intervención oportuna, no se registraron heridos ni daños a los edificios colindantes. Sin embargo, peritos tanto de la Dirección de Bomberos como de la propia Fiscalía quedaron a cargo de procesar la escena para identificar las causas y posibles responsables pero todo a punta a que se usaron bombas molotov.

Lo inquietante es que esta no es la primera vez que Hiram Sánchez ha sido blanco de actos intimidatorios. Hace un par de años, en un incidente que involucró una granada lanzada al Ministerio Público, fue desplegada una narcomanta en su contra. En ese mensaje, se le acusaba de servir como intermediario entre grupos criminales, señalando también a su entonces superior, el mismo “Titi” Ruiz. A un costado de la manta, fue encontrada una bolsa que contenía otra granada.

El contexto de amenazas previas y los vínculos entre los actores involucrados sugieren que este atentado podría tener más trasfondo del que se admite públicamente. La cercanía entre exfuncionarios de alto nivel, ahora convertidos en litigantes privados con conexiones políticas directas —como el caso del hermano de una alcaldesa en funciones— abre la puerta a preguntas que, hasta ahora, no han recibido respuestas convincentes.

De acuerdo a diversos medios y mismos comentarios en redes sociales, el incendio podría ser una advertencia. O quizá una llamada de atención a una red que ha operado durante años con una mezcla de influencia, poder y opacidad. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando que la justicia se aplique con el mismo rigor que alguna vez prometieron quienes hoy se presentan como defensores del Estado de Derecho, pero que cargan con un historial cada vez más comprometido.