Justicia rápida para funcionarios, lenta para ciudadanos: polémica por caso de of3ns4s y @menaz4s en Facebook a diputada Michel Sánchez

Baja California.- En un hecho que ha generado un intenso debate en redes sociales, un hombre que *fend!ó y 4men4z0 a la diputada de Morena, Liliana Michel Sánchez Allende, fue detenido en menos de 48 horas, vinculado a proceso en menos de una semana y actualmente se encuentra en prisión preventiva en un plazo de 6 meses.

El caso ha sido aplaudido por algunos ciudadanos, quienes consideran que la justicia actuó con rapidez ante un delito de amenazas y hostigamiento en redes sociales. Sin embargo, la mayoría de los comentarios critican que esta celeridad solo ocurre cuando la víctima es una persona con cargo público, mientras que miles de ciudadanos enfrentan un sistema judicial lento e ineficaz, cayendo y siendo catalogado por expertos como un posible caso de tr4fico de influencias.

Un proceso relámpago

Jesús Eduardo, el imputado, envió mensajes amenazantes a la diputada a través de Facebook el 6 de marzo. Dos días después, la legisladora hizo pública la conversación en sus historias de Instagram, exhibiendo el nombre y la foto de perfil del usuario. El sábado 8 de marzo, Día de la Mujer, presentó la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Para el martes 11, en un día inhábil, ya había sido detenido con una orden de aprehensión y presentado ante un juez. En una audiencia virtual, el juez Fernando Serrano Jiménez determinó que Jesús Eduardo debía permanecer en prisión mientras continuaban las investigaciones, tras ser vinculado a proceso por amenazas y hostigamiento.

Llamó la atención que, al inicio de la audiencia, el abogado particular del imputado renunció al caso sin dar explicaciones, por lo que la defensoría pública tomó su lugar sin debatir los argumentos del Ministerio Público ni aportar pruebas en su favor.

¿Justicia o tráfico de influencias?

Abogados y ciudadanos han señalado que la rapidez y la severidad con la que actuó el sistema judicial en este caso podrían deberse a tráfico de influencias, pues pocas veces se ha visto una respuesta tan inmediata por parte de la FGE y el Poder Judicial del Estado.

“Normalmente, una denuncia por amenazas en redes sociales no se atiende con esta velocidad. Hay casos de mujeres que han denunciado amenazas de muerte de sus exparejas y tardan meses en obtener una respuesta. Aquí, en menos de una semana, ya tenemos a un hombre en prisión preventiva”, expresó un abogado consultado por un medio de comunicación.

La diputada, por su parte, ha sostenido que presentó la denuncia por miedo, pues el imputado no solo la amenazó a ella, sino que mencionó a su familia y conocía datos privados sobre su vida. En un escrito dirigido al juez, señaló:

“No criticó mis posturas políticas, me amenazó con ponerme una pistola en la cabeza y amenazó a mi familia. No sé cómo obtuvo el nombre de mi tía, y eso me alertó.”

Asimismo, aseguró que, tras hacer pública la conversación, recibió testimonios de otras personas que han sido víctimas de violencia digital por parte del imputado.

Silencio sobre la rapidez del proceso

A pesar de la polémica, la diputada no ha respondido directamente a las críticas sobre la rapidez con la que actuaron la FGE y el Poder Judicial. En sus redes sociales solo ha señalado que la justicia debe ser pronta y expedita para todos.

Mientras tanto, la Fiscalía ha solicitado un plazo de seis meses para la investigación complementaria, argumentando que aún deben recabar más pruebas y entrevistar a posibles víctimas adicionales. La defensa del imputado ha calificado este plazo como excesivo y ha propuesto reducirlo a tres meses.

El caso ha puesto en evidencia la desigualdad en la aplicación de la justicia en Baja California. Si bien nadie cuestiona que las amenazas y la violencia digital deben ser sancionadas, la rapidez con la que se resolvió esta denuncia ha dejado en claro que, en México, la justicia no es igual para todos.